Además de la causa por turnos en el Hospital Guillermo Rawson, otras investigaciones con enfermeros tuvieron resolución pública en San Juan: dos condenas por abusos sexuales, una por la muerte de una paciente y un sobreseimiento por una defraudación informática.
El repaso se publicó después de que Víctor Arturo Godoy, de 39 años, aceptara seis meses de prisión efectiva por estafa a pacientes de ese hospital, que está en la ciudad y no en el departamento Rawson. El Rawsino ya contó esa detención: acá. Esta nota es sobre las otras causas.
José Sebastián Castillo trabajaba en el Hospital Federico Cantoni, de Pocito. En diciembre de 2025 fue condenado a 10 meses de prisión efectiva después de admitir, en un juicio abreviado, abusos sexuales contra cuatro mujeres. También le impusieron la inhabilitación perpetua para ejercer como enfermero. La acusación estuvo a cargo del fiscal de la UFI CAVIG, Leonardo Arancibia.
Marcelo Gerardo Acosta era enfermero del Hospital Guillermo Rawson, en la ciudad. La fiscalía lo acusó por la muerte de Susana Molina, una paciente que había sufrido un ACV y tenía una traqueotomía. Sostuvo que no respondió de manera adecuada a los pedidos de asistencia y que la falta de aspiración de las secreciones de la cánula derivó en hipoxia y en el deterioro de la paciente. En septiembre de 2025 lo condenaron a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, más cinco años de inhabilitación. En marzo de 2026 la condena fue confirmada. Intervino el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales.
José Sebastián Moll Menéndez, enfermero del Hospital General Julieta Lanteri, aceptó en agosto de 2024 una condena de tres años de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ejercer como enfermero y como empleado público. El delito fue abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda. La causa estuvo a cargo de la fiscal Claudia Ruiz Carignano, de la UFI CAVIG.
Jorge David Caballero Cortez tuvo otro desenlace. Fue imputado por una defraudación informática contra la madre de una jueza sanjuanina. Según la investigación, hubo 81 operaciones no autorizadas y un perjuicio superior a $4,3 millones. No hubo condena: devolvió la totalidad del dinero, la víctima prestó conformidad y el juez Sergio López Martí dictó el sobreseimiento total y definitivo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
Fuente: Diario de Cuyo.
